El Gobierno de España, con la imposición de un canon digital, arbitrario, indiscriminado e injusto, incumple con el Art. 51.1 de nuestra Constitución, cuando señala que: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». Y, además, lo hace para beneficiar intereses privados, de un colectivo muy influyente, otorgándole una considerable suma generada por el canon digital.
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