Los mismos tipos que pretender recortar las libertades de los ciudadanos con la excusa de "proteger la cultura" (esto es, su negocio), esa organización que se topó con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando pretendía obligar a Telefónica a darle la identidad de usuarios de redes de pares, pretende ahora emplear los juzgados para frenar un desarrollo tecnológico que pone contra las cuerdas su obsoleto modelo de negocio. Promusicae, que agrupa a 88 discográficas presentes en España, y las multinacionales Universal, Sony-BMG, Warner y EMI han demandado al programador Pablo Soto Bravo, al que reclaman 13 millones de euros por haber creado diversos programas de intercambio de archivos.
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