Dentro de exactamente un año y medio, las administraciones públicas españolas afrontarán un desafío que hasta hoy sólo se había planteado en ámbitos muy concretos -y reducidos-, como es la relación con el ciudadano a través de medios digitales. Lo más importante es que la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos otorga a los españoles la facultad de elegir si su relación con los servicios públicos se realiza por medios tradicionales o por medios digitales y si ello será así en todos los casos o solamente en algunos en concreto. Y la administración deberá estar a esta elección.
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